Dirigentes políticos y sindicales expresaron su rechazo al DNU de Mauricio Macri que fortalece a las ART y debilita a los trabajadores en los juicios por accidentes laborales.
Dirigentes políticos y sindicales expresaron su rechazo al DNU de Mauricio Macri que fortalece a las ART y debilita a los trabajadores en los juicios por accidentes laborales.
El Poder Ejecutivo decidió reformar mediante el DNU 54/2017, las leyes 24557, 26773 18345 y la Ley de Contrato de Trabajo.
A partir de la entrada en vigencia de este decreto los empleados deberán adoptar un extenso procedimiento médico administrativo y recién ahí podrán iniciar un juicio.
En el caso de que el trabajador logre llegar esta instancia se les quita el derecho que hoy tienen de elegir entre el tribunal laboral del lugar de celebración del contrato, o del domicilio de la ART. Ahora estarán limitados a acudir al domicilio correspondiente a la Comisión Medica interviniente, ubicados en las jurisdicciones locales y provinciales. Así se elimina la posibilidad de litigar en la fuero nacional de la justicia laboral, siempre más protector de los derechos de los trabajadores.
La Asociación de Abogados Laboralistas cuestionó, entre otros puntos, la obligatoriedad que establece la norma de realizar un reclamo ante las Comisiones Médicas, históricamente asociadas a los intereses de las ART, antes de poder acceder a la Justicia. “Para atacar la litigiosidad, lamentablemente el PEN opta por un camino: dificultar y dilatar al extremo el acceso de las víctimas a la Justicia, obligándolas a transitar por un kafkiano procedimiento médico-administrativo”.
Asimismo, la AAL rechazó el carácter inconsulto de la reforma y la vía en que se instrumentó, un decreto (54/2007) en el medio del receso parlamentario. “Se trata de una decisión arbitraria y absurda, siendo que no surge de ningún modo la necesidad y urgencia invocada. Con el argumento apelado no habría norma alguna que resista un trámite parlamentario. El decreto se halla teñido de una grave inconstitucionalidad de origen”, destacaron en un comunicado.
Las dos CTA se expresaron en el mismo sentido. “En la Argentina todo se hace para atraer inversiones y por eso se busca bajar el salario, desconocer derechos laborales y, especialmente, contener y disciplinar el conflicto social” afirmaron en un comunicado conjunto
Los principales bloques opositores le achacaron al Gobierno no haber convocado a sesiones extraordinarias. Esta cuestión se discutirá el 2 del mes próximo en la Comisión Bicameral de trámite legislativo, cuerpo encargado de dictaminar sobre los decretos presidenciales.
Hector Recalde, jefe del bloque del Frente Para la Victoria, consideró que el decreto “soslaya la justicia nacional de trabajo -sostuvo en declaraciones a la radio La Metro-. Se le dan facultades a las comisiones médicas como si fueran tribunales. Y realmente la experiencia nos indica que el trabajador sometido a ese sistema sufre un vía crucis."
Para el legislador, si el presidente Macri "realmente consideraba importante, trascendente y creía que había razones de urgencia, tiene la facultad de citar a extraordinarias al Congreso para su tratamiento". "Es un gobierno con un sesgo autoritario", opinó.
La criticas también llegaron desde el GEN. ”Poner restricciones y trabas al derecho del trabajador para acceder a la Justicia es inconstitucional. Hacerlo por decreto para eludir el debate parlamentario es doblemente grave", enfatizó Stolbizer.
"El DNU que reforma la ley de riesgos del trabajo también es contrario al principio constitucional de igualdad ante la ley, discriminando a los trabajadores en su derecho de acceso a la justicia", advirtió. "La cuestión no es bajar los juicios, sino bajar los accidentes, y para eso el Estado debe exigir a empresarios y aseguradoras que se tomen las medidas de prevención, seguridad e higiene para evitar los daños", destacó Stobizer.
Dentro del oficialismo también se manifestaron voces de descontento
"Es un acto claramente contrario al principio republicano de la división de poderes. No se dan las circunstancias graves y excepcionales que habilitan al Poder Ejecutivo a realizar actos que son competencia exclusiva del Congreso", cuestionó el diputado Ricardo Alfonsín.
Diversos sectores políticos y sindicales consideraron que no se cumple con los requisitos de Necesidad y Urgencia que exige el artículo 99.3 de la Constitución Nacional y afirmaron que se trata de una grave violación al principio constitucional de legalidad y división de poderes esenciales al Estado de Derecho.
“El Senado había sancionado en sesiones extraordinarias el proyecto de ley enviado por el PEN y ya lo había pasado a revisión a la Cámara de Diputados. Así este DNU altera las reglas del Estado de Derecho y la división de poderes que caracterizan al modelo republicano fijado por la Constitución Nacional” aseguró el abogado laboralista Horacio Schick.
